Renseña de tres artículos de Études caribéennes

Número temático «Turismo, seguridad y violencias multidimensionales», coordinado por Jaime AragonFalomir, Olivier Dehoorne y Raúl Román Romero. Etudes caribéennes, 57-58, abril-agosto de 2024.

• Daniel Fernández Vásquez, Jimena Palma Chacón et Dylanna Rodríguez Muñoz, “Playas en venta: Alianzas Público-Privadas y megaturismo en Guanacaste, Costa Rica (1990-2020)”.
• Horacio Almanza Alcalde, “Resistencia o incorporación: la trayectoria de conflicto Estado-comunidad indígena en torno al proyecto turístico Divisadero Barrancas, Chihuahua, México”.
• Coralie Morand, “Contar la violencia: influencia del turismo en la narración de episodios violentos en el área maya ixil (Guatemala)”.

Para el segundo trimestre de 2024, la revista Études Caribéennes ha publicado un número coordinado por Jaime Aragon Falomir, Olivier Dehoorne y Raúl Román Romero, dedicado a la compleja imbricación entre turismo, violencia multidimensional y seguridad en América Latina y el Caribe. El tema de la violencia, cuya difícil conceptualización como categoría operativa (Naepels, 2006) encuentra aquí una salida en su aplicación a contextos turísticos, constituye el hilo conductor de este número, con un núcleo de ocho artículos anclados en la región mesoamericana (Guatemala, Costa Rica, México, Panamá) y en espacios insulares habitualmente poco explorados (el territorio colombiano insular de San Andrés, Trinidad y Tobago), y un dossier complementario de tres artículos. Siguiendo los pasos de Philippe Bourgois, quien identificó un espectro de manifestaciones de la violencia en las Américas en “tiempos de guerra” y “de paz” (Bourgois, 2002; Bourgois & Hewlett, 2012), los autores plantean la idea de una violencia que permea tanto los aspectos más ideales y simbólicos como los materiales del espacio social; desde la pobreza como “autorrepresentación como anomalía social” hasta la segregación espacial y la disparidad entre “zonas pacificadas” y territorios marginados (pp. 2-3). Este enfoque de la violencia se inscribe también en la dinámica científica actual de los estudios sobre turismo, que intentan responder a la mediatización de los conceptos de sobreturismo y gentrificación turística definiendo el sentimiento de malestar colectivo asociado a la pérdida de derechos y garantías para vivir dignamente (Cañada et al., 2024).

A lo largo de las propuestas de este número, podemos observar una cierta centralidad de la noción de desposesión en la expresión y el ejercicio de la violencia. El desarrollo a menudo repentino, a veces brusco, del turismo como “vía rápida hacia el progreso socioeconómico” (p. 2) tiende a traducirse en la imposición más o menos inflexible de opciones de planificación, políticas económicas y proyectos de infraestructuras exclusivos. Si bien el dossier procura examinar tanto las razones como las consecuencias de estas imposiciones violentas, algunos de los artículos exploran también las formas de oposición o las vías de recurso de las poblaciones locales contra los proyectos turísticos. Como tales, han sido acertadamente seleccionados para este artículo. Estas contribuciones adoptan ángulos que coinciden con los marcos adoptados por el grupo de investigación Turismo, Espacio y Bienes Comunes, y hacen un llamamiento al diálogo. El desarrollo del turismo siendo un fenómeno nunca lineal, puede suscitar resistencias locales o ser adoptado por las comunidades en determinadas condiciones organizativas, jurídicas o territoriales. La cuestión del turismo comunitario, y más aún la del vínculo entre turismo y comunidades, transpone en parte los términos de la violencia en los de los conflictos, lo que exige cierto rigor en la categorización de las partes implicadas en estos últimos, ya que estos antagonismos rara vez son binarios y las comunidades nunca son totalmente uniformes.

Lejos de ser una garantía contra la introducción del capital turístico en los territorios, los distintos amparos (judicialización, escalada institucional, relevos extraterritoriales, acción colectiva) empleadas por las comunidades configuran las arenas desde las cuales podemos observar, más allá de la resistencia, la violencia y los conflictos en su evolución (resolución o reproducción). Con esto en mente, proponemos una lectura de tres artículos de este número, procedentes de tres territorios donde se ponen en juego estas cuestiones de violencia multidimensional, dinámicas de conflicto y papel de las comunidades locales: la región de Guanacaste en el noreste de Costa Rica, la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua (México) y la sierra de los Cuchumatanes (Guatemala).

LAS ALIANZAS PÚBLICO-PRIVADAS (APP) COMO HERRAMIENTA PARA CONTORNAR LAS GARANTÍAS LEGALES FRENTE AL MEGATURISMO – GUANACASTE, COSTA RICA.

El primer artículo, resultado de un programa de investigación del CLACSO dirigido por Daniel Fernández Vásquez, Jimena Palma Chacón y Dylanna Rodríguez Muñoz, analiza el auge de una industria de “megaturismo” costero en la región de Guanacaste, en Costa Rica. Proporciona un recordatorio esencial de la violencia inducida por el desarrollo unilateral de colosos turísticos sin consulta previa, palancas de oposición ni garantías jurídicas sólidas. Los autores describen cómo el discurso gubernamental sobre el bienestar – una extensión de la exitosa estrategia costarricense de posicionarse como país pionero en ecoturismo – está vinculado al desarrollo de herramientas legales que facilitan no sólo la cooperación entre la administración pública y el capital privado, sino también la elusión de la restrictiva legislación sobre desarrollo turístico: las Alianzas Público-Privadas (APP). Los autores analizan en particular la lógica y los efectos de la implantación de complejos hoteleros en el litoral Pacífico Norte del país, que actúan restringiendo el acceso y privatizando así las playas, espacios comunes vistos aquí como metonimia del territorio regional en su conjunto. En este caso, la privatización se debe no tanto a la apropiación de terrenos en estas zonas costeras, supuestamente imposible según la normativa (Ley de Zona Marítimo Terrestre), sino más bien a una restricción del acceso físico a la ribera, condicionado a los servicios de transporte hotelero, lo que nos recuerda la importancia del control de los accesos en los conflictos territoriales vinculados al desarrollo del turismo.

Este tipo de arreglo espacial forma parte de una serie de elusiones jurídicas posibilitadas por las APP. Los autores adoptan una visión amplia y nunca “monolítica” de las APP, concibiéndolas como cualquier dispositivo que facilite la “puesta en uso” (p. 6) del capital en contextos locales. Permiten que alianzas variables de empresarios (nacionales y extranjeros), miembros de partidos políticos y funcionarios (en activo o retirados) eludan una serie de textos que se supone que garantizan el usufructo colectivo de espacios y bienes comunes, así como la protección del medio ambiente. Las APP proporcionan así una base legal para incumplir la legislación medioambiental y los planes de ordenamiento, y ocultan el papel de los conflictos de intereses (concepto ausente en la formulación de los autores) en el desarrollo turístico. Las consecuencias de este último -deforestación, desecación de los manglares, precariedad laboral, aumento de las desigualdades- se agregan con mayor facilidad en un despojo del territorio para una población local cuyo abordaje como grupo homogéneo y pasivo hubiera sin embargo podido ser profundizado.

JUDICIALIZACIÓN, RESOLUCIÓN Y REPRODUCCIÓN DE CONFLICTOS TURÍSTICOS EN TERRITORIOS INDÍGENAS – BARRANCA DEL COBRE, MÉXICO

La contribución de Horacio Almanza Alcalde también se basa en un estudio de caso de un megaproyecto turístico, el parque de aventura Divisadero Barrancas, en el estado de Chihuahua, pero se centra en las condiciones imperfectas y variables de la resistencia comunitaria a este caso de desarrollo. El artículo sigue un análisis longitudinal de los remedios empleados por varias comunidades rarámuri de la Sierra Tarahumara frente a la expansión de un proyecto turístico inicialmente privado y luego apoyado por los gobiernos local y federal. Capitalizando el atractivo paisajístico de las Barrancas del Cobre y la existencia del ferrocarril El Chepe, en 1990 el gobierno federal mexicano, bajo el impulso neoliberal de Salinas de Gortari, identificó la zona como uno de los tres territorios prioritarios para la focalización de la inversión turística, junto con el Mar de Cortés y la Riviera Maya. Esta zona de cañones ya había sido valorizada por la élite local, con la construcción de hoteles de lujo en 1973 por una familia que había conseguido apropiarse de tierras comunales a principios del siglo XX. El desarrollo turístico toma en este entonces la forma de una dotación gradual de infraestructuras a lo largo de la línea ferroviaria desde la ciudad de Creel, al oriente del cañón, donde en 2009 se tomó la decisión de construir un aeropuerto regional.

En un contexto de fuerte presión sobre las localidades rarámuri, el proyecto se conformó gracias a la cooperación de funcionarios del gobierno local, miembros del PRI, agentes inmobiliarios, grandes familias propietarias y el Fonatur, que actuó como eje articulador de las transacciones territoriales. Sin embargo, el proyecto sufrió reveses debido a la oposición de la mayoría de las comunidades locales. La resistencia no tardó en tomar un cariz jurídico con la interposición de recursos, uno interpuesto por los pobladores de Witosache contra la creación del parque de aventura (2008), el otro instigado en la localidad de Repechike para impedir la construcción del aeropuerto de Creel (2014). Las distintas sentencias, derivadas de una “escalada institucional” que culminó con un recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SJNC), se basan en el derecho a la consulta comunitaria y exigen a los distintos promotores de proyectos la adopción de medidas compensatorias. Estas últimas se concretan con la llegada al poder en 2016 de un gobernador afín a las causas comunitarias, cuyo equipo estaba formado en parte por activistas de derechos humanos que anteriormente habían actuado como relevos de las demandas rarámuri.

Además de la agudeza de la lectura lineal de la judicialización del conflicto, uno de los intereses del artículo radica en la descripción de la reproducción de los conflictos dentro de las formas institucionales resultantes de las sentencias. Horacio Almanza Alcalde examina en particular el caso de las comunidades de Creel, donde se ha creado un fondo de compensación para indemnizar a los grupos afectados por el proyecto del aeropuerto, que se ha mantenido. La ganancia financiera que representa este fideicomiso alimenta las tensiones en el seno de las comunidades, en particular sobre la distribución de los recursos entre varios proyectos de compensación. En este contexto, individuos mestizos se convirtieron en líderes de subgrupos, movilizando estratégicamente su identidad tarahumara para legitimar su apropiación del fondo. En Witosachi, la resolución tomó la forma de la creación de un comité consultivo para desactivar una serie de pleitos sobre la distribución de los beneficios resultando de la implantación de paraderos de la línea El Chepe. Sin embargo, el autor se refiere a los retos que plantea la materialización de esta forma institucional mencionando un antecedente: en 1996 se había creado un comité similar para la región, pero, fagocitado por profesionales del turismo, había prestado poca atención a las demandas de la comunidad.

El artículo de Horacio Almanza Alcalde es un detallado recordatorio de la forma en que los antagonismos comunitarios se revelan, acentúan y reproducen a través del conflicto. En la Barranca del Cobre, es paradójicamente el desarrollo del turismo el que sensibiliza a las comunidades sobre la necesidad de reconocer sus derechos, recordándonos cómo el reconocimiento cultural movilizado para promover el turismo puede a veces conducir al reconocimiento político (Demanget & Dumoulin, 2010), y las formas en que se resuelve la disputa inicial que revelan las tensiones internas a las comunidades. Los comités consultivos y los fideicomisos pueden verse aquí como nuevos espacios de conflicto, donde la conflictividad se canaliza, pero se renueva. Por último, la trayectoria del conflicto rarámuri y su resolución indican la importancia de las relaciones de poder político y la contingencia en el devenir del turismo en estos territorios, simbolizada por la llegada de un gobernador sensible a los derechos humanos. Aunque, como concluye el autor, el impresionante abanico de recursos e intermediarios utilizados por las comunidades ha obligado al Estado (incluidos antiguos funcionarios conservadores de la Sectur) a “rectificar su postura” (p.18), ha conservado su papel de definidor de los términos y espacios del debate. Las comunidades siguen confinadas a un cierto grado de dependencia de los movimientos políticos dentro de las administraciones, como lo demuestra, al lado opuesto del país, la contingencia en las negociaciones entre las estructuras de turismo comunitario de Yucatán y el Fonatur sobre las condiciones para el desarrollo del Tren Maya (Almeida-Poot et al., 2024).

LA NARRACIÓN TURÍSTICA DE LAS MEMORIAS DE LA VIOLENCIA: UNA EXPERIENCIA COOPERATIVA – COTZAL, GUATEMALA

La antropóloga Coralie Morand examina por su parte el modo en que el turismo abarca la cuestión de la violencia a través de sus narrativas situadas y a menudo sesgadas, que sin embargo reflejan una reapropiación colectiva local de un acontecimiento nacional traumático. Su estudio explora las cuestiones de las narrativas diferenciadas y la co-construcción de la memoria del conflicto armado guatemalteco (1960-1996) en un contexto turístico, en la localidad de Cotzal, al norte del departamento de Quiché. Destino de nicho para turistas aficionados al senderismo y sensibles a la memoria, la localidad alberga una cooperativa de unas cincuenta tejedoras ixiles, Tejidos Cotzal, que han adoptado prácticas turísticas para complementar su actividad artesanal original. Mediante un análisis comparativo de dos contextos de enunciación (el escenario público de la interacción con turistas o voluntarios, y el escenario semiprivado de la entrevista) basado en criterios minuciosos (construcciones gramaticales, estilos de representación del discurso, ethos de los locutores y traductores), Coralie Morand identifica posibles procesos de creación de una genericidad de experiencias individuales de la violencia, aquí en narraciones a menudo más alejadas de una búsqueda de veracidad histórica que de una confirmación del estatus de “víctimas inocentes” civiles de los protagonistas o de los lineamientos popularizados por la figura de Rigoberta Menchú, con la que algunos de los turistas están familiarizados.

Firmemente desarrollada a partir de una problemática memorial anclada a la teoría de Halbwachs sobre los “marcos sociales” de la memoria, el artículo bien concluye con la influencia de la relación social turística sobre la reproducción de las memorias. En Cotzal, las tejedoras evocan en privado prácticamente los mismos hechos que ante los turistas; la única diferencia es que sus narrativas varian en cuanto a los puntos de ruptura biográfica que ponen en primer plano. Mientras que durante las sesiones públicas, el traductor español-ixil hace hincapié en la explotación en las fincas y el conflicto armado como puntos de inflexión, Nan An, una tejedora que se confía a la antropóloga en privado, destaca el aprendizaje del tejido y la creación de la cooperativa como los principales giros en su trayectoria personal. En un contexto post-conflicto marcado por la continua concentración de la propiedad de la tierra (pocas de las socias poseen tierras), la creación de una cooperativa simbolizó el logro de la autonomía financiera para muchas mujeres, viudas o separadas, que habían sufrido los horrores de un conflicto con tendencias genocidas y buscaban evitar la movilidad estacional hacia las grandes explotaciones de la costa del Pacífico. El turismo, que las socias adoptaron entonces, produjo un “marco social” específico, que ciertamente sesgó la construcción de las memorias y se alejó de los procesos memoriales desarrollados a escala nacional (Comisión para el Esclarecimiento Histórico), pero que, en virtud de su forma comunitaria y cooperativa, permitió construir una sociedad posconflicto.

Bibliografía

Almeida-Poot, M., Jouault, S., & Montañez Giustinianovic, A. (2024). El turismo comunitario: ¿un no pensado del Tren Maya? (p. 169‑186).

Bourgois, P. (2002). La violence en temps de guerre et en temps de paix. Leçons de l’après-guerre froide : L’exemple du Salvador. Partie 1. Cultures & Conflits, 47, Article 47.

Bourgois, P., & Hewlett, C. (2012). Théoriser la violence en Amérique. L’Homme. Revue française d’anthropologie, 203‑204, Article 203‑204.

Cañada, E., Murray, I., & Marie Dit Chirot, C. M. D. (2024). El malestar en la turistificación. Pensamiento crítico para una transformación del turismo (Icaria Editorial).

Demanget, M., & Dumoulin, D. K. (2010). Étudier le tourisme : Vers de nouveaux horizons. Cahiers des Amériques latines, 2010/3(65), 19‑33.

Naepels, M. (2006). Quatre questions sur la violence. L’Homme. Revue française d’anthropologie, 177‑178, Article 177‑178.

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